Ricardo Cantú

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Opinión

Los aprendizajes de 750 días en la cárcel.

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Cuarta de cuatro entregas. Ricardo D. Cantú Al hablar y hablar de las ingratas experiencias vividas entre las cuatro paredes siniestras del Reclusorio, mi informante pretende encontrar un sentido al sufrimiento y al dolor acumulados. Considera como su responsabilidad el que a nuestra sociedad no se le olvide de que existen miles de hombres y mujeres que hoy están tras esas altas paredes y bajo el régimen carcelario: “Tenemos que replantearnos desde el origen tanto los mecanismos jurídicos para que alguien pise la cárcel, como la función misma de estos mal llamados espacios de readaptación social”, señala. Uno de sus aprendizajes es la dolorosa corruptibilidad del sistema jurídico mexicano. Gracias al dinero o al poder, se pueden fabricar procesos con la complicidad de los Ministerios Públicos y Jueces. Unos cuantos pesos sirven para asegurar que un Juez consigne y los policías cumplan con una orden de arresto. Después del largo vía crucis de nuestro informante, reconoce cómo un mismo hecho, una misma verdad objetiva, puede ser vista desde la óptica jurídica desde diversos ángulos y que éstos son propensos de ser ajustados a gusto del mejor postor. Desgraciadamente existen en nuestro País, algunos Magistrados o Jueces que pueden darse el lujo de escribir en sus resoluciones “comprobado está que…”, sin que en ningún lugar del proceso exista tal certeza. ¡Nombres, nombres!, le pido. “Ni loco que estuviera”, responde y añade: “Dado que nuestro sistema jurídico se fundamenta en lo escrito, muchas pruebas pueden ser fabricadas o maquilladas. Tal vez, si éstas tuvieran que ser presentadas ante un jurado y los testigos enfrentaran diversas miradas y perspectivas en procesos verbales, existirían menos espacios vacíos que pueden ser aprovechados por abogados sin escrúpulos, para generar delitos inexistentes”. La forma en que actualmente está diseñado el sistema jurídico mexicano – así con minúsculas -, deja espacios para que el dinero y las recomendaciones sean instrumentos de uso cotidiano. Lo anterior no significa que nuestro informante no haya encontrado durante el largo proceso, Secretarios, Jueces o Magistrados que con amor y honestidad, cumplen cabalmente con su obligación de impartir justicia. “Gracias a Dios los hay –afirma-, pero estos actúan dentro de un sistema que deja muchos cabos sueltos, los cuales pueden ser empleados por abogados poco éticos con el fin de hacer que la justicia, diga lo que quieren escuchar”. Lo anterior se refuerza con la presunción de que en México, se es culpable hasta que se comprueba lo contrario. En otras latitudes se parte de la inocencia la cual es respetada hasta que se comprueba la culpabilidad. Aceptar este giro en la forma de impartir la justicia en México, ahorraría al gobierno mucho dinero, ya que pisarían los “Centros de Readaptación Social”, sólo aquellos a quienes se les ha comprobado su culpabilidad, no antes. En cuanto a las cárceles y su función social de readaptación, están muy lejos de cumplir su cometido. Después de vivir más de 2 años en un Reclusorio de la Ciudad de México, nuestro informante concluye que es urgente replantearnos con responsabilidad tanto el fondo como la forma, en que actualmente se administra la justicia y se buscan la tan mencionada readaptación. Usted y yo, estimado lector, pagamos estos “Centros de Readaptación Social”, cuyos productos no son mexicanos “readaptados”. Quiero pensar que el concepto de readaptación pretende reeducar a quienes por diversas circunstancias llegan a un penal. Que se busca por lo menos hacerlos productivos, respetuosos de las normas, leyes vigentes y autoridades; comprometidos con la vida y los valores sociales. Sin embargo, mi informante se pregunta una y otra vez: “¿Qué puedes aprender como interno en un Reclusorio, al ver que un delito perseguido federalmente – como es el tráfico de drogas -, se realiza impunemente todos los días a todas horas, en un espacio bajo tutela gubernamental y con el consentimiento y complicidad de los responsables sociales de la “readaptación”? Si las cárceles fueran fábricas ¿Qué estarían produciendo? Sin duda, seres resentidos aún más con la sociedad, que de entrada les cerró las puertas a las oportunidades educativas y laborales empujándolos a delinquir, y luego sometiéndolos a juicios lentos y en ocasiones dudosos. El paso por la cárcel dista mucho de ser una oportunidad de readaptación social: lo que ahí se aprende va más en la línea de la incongruencia del sistema, que abona el enojo contra las “autoridades”. Otro ángulo del asunto es que en las actuales cárceles conviven presos con facultades mentales disminuidas – o diferentes -, con asesinos, violadores, “presuntos culpables” y sentenciados a altas cadenas. Esta combinación hace que las posibilidades de integrar elementos que permitan la readaptación, se muy difícil, al tiempo que las probabilidades de aprender diversas técnicas para cometer delitos es cotidiana. Baste ver el número de internos que habiendo obtenido su libertad, regresan en muy poco tiempo, o analizar los datos sobre las extorsiones y delitos que se comenten desde la cárcel. “La realidad”, concluye, “es que el diseño actual no tiene nada que ver con la llevada y traída readaptación social. Más bien obedece – además con enorme eficiencia -, al mandato soterrado de ser un gran negocio para quienes las dirigen. Los ejemplos de corrupción - al facilitar la prostitución interna y la distribución y uso de todo tipo de drogas, por supuesto incluyendo el alcohol -, por parte de los custodios y los Comandantes, nos lleva a preguntarnos si estas actividades son desconocidas por las autoridades tanto del penal como de las dependencias oficiales del Distrito Federal y las Federales, responsables. Estas autoridades son las hipotéticamente comprometidas con ofrecer nuevos caminos a los mexicanos que comenten algún acto que es catalogado como delito. Es evidente que la tarea de reeducación para una nueva vida lejos del robo, la violencia, las adicciones y la vagancia, no se cumple en las cárceles. Más bien se atiende una función de generación de riqueza para unos cuantos que además, reciben un salario pagado por los mexicanos”. Nuestro informante calla. Mueve lentamente la taza con café al tiempo que mira su humeante contenido. Toma aire y concluye: “No creo que esto pueda cambiar, no creo que forme parte de la agenda de los Diputados locales ni de los federales. Lo peor es que mientras sea el gran negocio que es para los políticos que manejan los penales, las Direcciones y Secretarías a las que reportan, difícilmente habrán transformaciones… y mientras miles y miles de personas continuarán pudriéndose en la inmundicia, incongruencia, miseria, abuso, olvido y desesperanza de un sistema que castiga a inocentes, degenera a gente buena y encumbra a ricos y malvivientes”. “Y regresamos al principio: ¿Cómo corregir todo esto?, ¿Cómo castigar y readaptar a los delincuentes sentenciados?, ¿Cómo tratar a los procesados que resultan inocentes y luego son liberados?, ¿Cómo eliminar el sistema de corrupción en los penales?, ¿Cómo ayudar a tantos olvidados?”. “Es evidente, concluye, que las actuales fórmulas no cumplen con sus mandatos: ¿Por qué no adoptar mecanismos de trabajo social o comunitario, en vez del mecánico ingreso a la cárcel? ¿Por qué no reorientar lo gastado en el mantenimiento de tantos malvivientes en procesos educativos y productivos? ¿A quién o a quiénes no les conviene que existan cambios en la actual forma de manejar los procesos jurídicos y sus mecanismos punitivos? Sin duda alguna, la respuesta a esta última pregunta es a quienes hacen de las cárceles, verdaderas minas de oro”. 30 de octubre del 2003.
 

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